Hechos sobre la Pena de Muerte
Se ha condenado a morir a personas
inocentes.
En 1974, el
estado de Nuevo Méjico pronunció sentencia de muerte contra
cuatro hombres inocentes -- Thomas Gladis, Ronald Keine,
Clarence Smith y Richard Greer -- a causa de falso testimonio y
de comportamiento indecoroso de algunos policías. Desde 1973, se
ha liberado a 119 hombres y mujeres inocentes de los corredores
de la muerte ("North-western University", "DP Information
Center"). Los investi-gadores Radelet y Bedau encontraron 23
casos desde 1900 en los cuales se ejecutó a personas inocentes
("In Spite of
Innocence", "Northeastern University Press", 1992).
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La pena de muerte se
aplica arbitrariamente e injustamente.
En 1999, la
"American Bar Association", una organización conservadora de
400.000 abogados, reiteró su llamado por una moratoria de
ejecuciones a causa de las disparidades raciales en las
sentencias de muerte y el hecho de que no se proveían recursos
ni consejos adecuados a los acusados en casos capitales. En
enero del 2000, el gobernador republicano George Ryan actuó una
moratoria en el estado de Illinois y en mayo del 2002 el
gobernador Paris Glendening hizo lo mismo en Maryland. En enero
del 2003, el gobernador Ryan indultó cuatro hombres y conmutó
las sentencias de 167 presos capitales a sentencias de cadena
perpetua sin libertad condicional o de menos, porque encontró
que la pena de muerte era "arbitrario y caprichoso y por lo
tanto inmoral". Los hombres bajo condena a muerte en Nuevo
Méjico en este momento no tenían dinero para contratar un
abogado propio. En enero del 2002, el gobernador republicano
Gary Johnson declaró que la pena de muerte en Nuevo Méjico era
mala política pública porque no era aplicado justamente y se
podría ejecutar a personas inocentes.
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La investigación
científica indica que la pena de muerte no sirve para prevenir los
homicidios u otros crímenes violentos.
Un recién
sondeo realizado por el "New
York Times" encontró que los estados que no usan la
pena de muerte tienen menores tasas de homicidio de que los
estados que la usan. Las tasas medias del homicidio en 1999 eran
5,5 por 100.000 en los estados que la usan y sólo 3,6 en los que
no la usan. Las estadísticas indican que las regiones del país
que menos usan la pena de muerte son las más seguras para los
policías. Donde los policías más están en peligro es el sur,
donde en el 2001 ocurrieron 79% de las ejecuciones totales. En
1995, una encuesta de jefes de policía realizada por "Hart
Research Associates" reveló que los jefes de policía creen que
la pena de muerte es el método
menos útil de que se dispone para reducir el
crimen violento -- atrás de reducir el abuso de droga, tener más
policías, tener más empleos y reducir el número de las armas.
80% de los expertos de la "American Society of Criminology",
"Academy of Criminal Justice Science" y "Law and Society
Association", entre quienes se realizó una encuesta en 1995,
creen que la investigación no muestra que la pena de muerte
tenga valor preventivo cualquier.
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La pena de muerte es más
caro de que la encarcelación de por vida.
Un estudio
realizado por "Duke University" en 1993 mostró que cada caso en
North Carolina que resulta en una ejecución cuesta 2,16 millones
dólares más de que un caso que resulta en la encarcelación de
por vida. Las investigaciones que se han realizado en otros
estados indican que las ejecuciones son entre tres y seis veces
más caras de que la encarcelación de por vida. En 1999, el "New
Mexico State Public Defender Department" estimó que el estado de
Nuevo Méjico ahorraría entre un millón y 2,5 millones de dólares
al año sólo en costos de defensores públicos si se reemplazase
la pena de muerte con una sentencia alternativa.
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Muchas familias de
víctimas de homicidio no quieren la pena de muerte y luchan
activamente por abolirla.
Se han
establecido grupos como "Murder Victims Families for
Reconciliation" con fin de apoyar el creciente número de
familias que buscan remedios alternativos a la pena de muerte.
Michelle Giger, cuyo padre fue asesinado en Santa Rosa, NM,
habla ante la legislatura y el público a favor de acabar con el
ciclo de la violencia. Connie Fisher, de Galisteo, NM, que
perdió su hermano en el ataque a Nueva York del 11 de
septiembre, dice "el horror del homicidio no se cura por otro
homicidio". Ellas se unen con muchos sobrevivientes que creen
que el dinero que se gasta en la pena de muerte se usaría mejor
en proporcionar consejos y asistencia financiera a la familia de
la víctima.
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Los Estados Unidos es el
único país del Oeste que sigue en el uso de la pena de muerte.
Desde que los
EEUU reinstituyó la pena de muerte en 1976, más de 40 países la
han abolido. En diciembre de 1998, el Parlamento Europeo llamó
por la abolición inmediata y global de la pena de muerte,
dirigiéndose especialmente a los EEUU. El Consejo Europeo no
aceptará como miembro ningún país que use la pena de muerte, lo
que ha conducido a países como la Rusia y la Turquía a abolirla.
Recientemente, Sudáfrica, Canadá, Francia y Alemania han
resuelto en no extraditar presos a los EEUU si se buscaría la
pena de muerte. El Tribunal Mundial, en una decisión unánime del
5 de febrero del 2003, resolvió que los EEUU tenía que demorar
la ejecución de tres ciudadanos mejicanos mientras investiga los
casos de cada uno de los 51 mejicanos en los corredores de la
muerte en los EEUU. El gobierno mejicano dice que los EEUU ha
violado la convención de Viena por no informar a sus ciudadanos
que tienen el derecho de contactar su consulado a la hora del
arresto. Por muchos años, la pena de muerte ha sido un fuente de
conflicto entre los EEUU y los países que se oponen a ella.
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La enorme mayoría de las
comunidades de fe se oponen a la pena de muerte.
La mayoría de
las doctrinas religiosas -- los católicos, presbiterianos,
metodistas, unitarios, cuáqueros, judíos y muchos otros -- han
hecho fuertes declaraciones en las que se condena el uso de la
pena de muerte. El Papa ha llamado repetidamente por la
abolición de la pena de muerte y los obispos católicos de Nuevo
Méjico, junto con la "NM Catholic Conference" y la "NM
Conference of Churches", están de acuerdo. Muchos líderes
religiosos (judíos, protestantes, budistas e otros) apoyan
alternativas a la pena de muerte y promueven que sus
congregaciones oren y estudien acerca del tema.
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La opinión pública apoya
alternativas a la pena de muerte.
Un sondeo
estatal que se realizó entre probables votantes nuevo mejicanos
en febrero del 2003 mostró que 58% apoyan el reemplazar la pena
de muerte con la cadena perpetua sin libertad condicional más
restitución a la familia de la víctima. Sólo 36% de nuevo
mejicanos continúan a apoyar la pena de muerte cuando se ofrece
esta alternativa. Estos resultados son parecidos a los de
previos sondeos estatales y nacionales. Por ejemplo, un sondeo
encargado por el periódico "The New Mexican" en octubre del 2002
descubrió que el apoyo por la pena de muerte se baja de 66% a
48% cuando existe la sentencia de por vida sin libertad
condicional. Una encuesta nacional, hecho por "Hart Research
Associates" en marzo del 2001, encontró que el apoyo por la pena
capital decreció de 60% a 38% cuando se ofreció una sentencia de
por vida más restitución. Entre los asuntos que alzaron dudas
sobre el uso de la pena de muerte eran el riesgo de ejecutar
personas inocentes, cuestiones de racismo y de región, y el
fracaso de la pena de muerte en cuanto a la prevención del
delito.
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Santa Fe NM